Esta madrugada se publicó en el Boletín Oficial el decreto  759/2025 que promulga la Ley N° 27.795 de Financiamiento universitario, pero la deja “suspendida  en su ejecución hasta tanto el H. CONGRESO DE LA NACIÓN determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere.”

De este modo, y con argumento falaces como que la única posiblidad de financiarla es emitiendo moneda, el Ejecutivo postergó la aplicación del nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, a pesar de reconocer que el atraso salarial implicaría hoy un 40,5% de aumento. 

Entre los más prejudicados por la falta de aplicación de la Ley está la docencia con menor antigüedad), que percibe la Garantía Salarial: se trata de los sueldos más bajos y que representan aproximadamente a un 20% de la planta, cuyo último aumento fue en febrero 2025. 

Algunos números del ajuste

Para hacer solo algunos números que nos ayudan a comprender, el costo de la aplicación de la Ley en  términos de PBI es de  aproximadamente  0,12% PBI  en 2 años  y,  en cambio, con la eliminanción  de las retenciones a los exportadores durante tres días el Estado perdió de recaudar el 0,25% del PBI.

No bajamos los brazos

Seguiremos luchando por la total aplicación de la Ley de financiamiento universitario, por los salarios, por las paritarias y por el derecho a la educación superior del pueblo argentino.

Este 21 y 22 de octubre, en todas las Universidades Nacionales del país, sostenemos jornadas de paro, movilización, debate en las aulas y acciones callejeras en defensa de la Universidad Pública.