Repudio a la nota de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Capital Humano. Nota NO-2026-42345649-APN-SSPU#MCH.
Expresamos nuestro más profundo y absoluto rechazo a la comunicación del Ministerio de Capital Humano, que bajo una falsa “Garantía de Continuidad Pedagógica”, intenta disciplinar a las universidades y encubrir un ajuste que viola la Constitución Nacional.
En Argentina, la educación no es un beneficio, es un derecho humano consagrado en la Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El Gobierno Nacional no está ejerciendo el poder acorde a los principios constitucionales, puesto que NO CUMPLE LA LEY, atacando así la garantía del derecho a la educación.
Denunciamos la selectividad política. Mientras el Gobierno reduce impuestos a los sectores más concentrados (Bienes Personales por ej.), afirma no tener fondos para las aulas.
Esto no es falta de presupuesto, es una clara decisión de privar a las mayorías de un derecho humano para convertirlo en un privilegio de pocos. En este marco, el argumento del “equilibrio fiscal” no es un principio supra-constitucional.
En este contexto en donde el gobierno incumple la Constitución y una ley votada por el Congreso de la Nación, emite la nota de Requerimiento de informe s/ Garantía de Continuidad Pedagógica y Derecho de Enseñar y Aprender.
Repudiamos el tono amenazante de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que busca convertir a lxs Rectorxs en agentes de control.
Exigir planes de contingencia en 48 horas bajo apercibimiento judicial es una intervención directa en la gestión académica.
Advertir que se revisará la “transferencia de recursos” si no se frenan las medidas de fuerza es un acto autoritario que utiliza el presupuesto como látigo contra el derecho de huelga.
El Ministerio cita el derecho a “enseñar y aprender” para atacar a lxs trabajadorxs, pero ignora premeditadamente que no hay educación posible con salarios de hambre e instituciones desmanteladas. La verdadera amenaza a la continuidad pedagógica no es la huelga, sino el desfinanciamiento sistemático que lleva adelante contra el sistema universitario, el propio Poder Ejecutivo Nacional.
Detrás de la nefasta nota emitida en el día de ayer, de jerga administrativa y supuesta preocupación por el “derecho a aprender”, hay una definición política de desfinanciar y deslegitimar a las Universidades Nacionales. Utilizar el presupuesto como una herramienta de extorsión para intentar quebrar el derecho a la huelga no solo es una práctica autoritaria, sino que descubre la verdadera intención: desfinanciar para destruir lo que es de todos.el desfinanciamiento premeditado con la clara intención de destruir. A esto decimos con fuerza: la verdadera garantía de la educación es un financiamiento acorde a la dignidad de quienes enseñan y aprenden.
La Educación no es un privilegio, es un Derecho.
La Universidad Pública se defiende…
