La Asamblea de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (AGD UNRC) el 29/8/2024 pronunció la preocupación por la noticia de Prensa Institucional acerca de la decisión del Consejo Superior (CS) de la UNRC en la Sesión del 27/08/2024 de incorporar al presupuesto los fondos destinados a las Universidades Públicas Nacionales provenientes de la Empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) según Ley Nº 14.771 -y se planteó si esa incorporación ¿deroga “de hecho” la Resolución del CS Nº 150/2012?
 
          Tal como lo describe la Resolución del CS de la UNRC Nº 150 del 13 de junio del año 2012 -Expediente 105810-, dicho órgano ya había rechazado, en dos oportunidades, la incorporación a su presupuesto de partidas específicas provenientes de YMAD (Res. 236/2009 y 340/2010).
 
          Las posiciones planteadas en la Res. 150/2012 del CS no cuestionaron la minería en tanto actividad de interés nacional y derecho sobre los recursos naturales propios de la sociedad argentina, ni mucho menos a la geología como campo disciplinar imprescindible en la generación y desarrollo de conocimientos científicos y técnicos sobre el principal patrimonio de la sociedad argentina.
 
          Durante un largo lapso de tiempo la UNRC, en los años 2011 y 2012, promovió el debate sobre la problemática de los modelos extractivistas y su dinámica de despojo o de desposesión de bienes naturales y de territorios y, por ende, de derechos individuales y colectivos. Ejemplo de estas actividades institucionales para el abordaje de la problemática fueron los Encuentros denominados “Espacios Decoloniales” y Jornadas como la de “Modelo Extractivista, fondos mineros y Universidad” durante los años mencionados. Dada la complejidad de la problemática, la cual no se reduce a una única mirada disciplinar, de estos diversos encuentros participaron especialistas de los campos de la geología, la agronomía, la economía, la linguística, la sociología, el derecho, para mencionar algunos. Se convocaron también a figuras de renombre internacional como el propio Premio Nobel de la Paz de Argentina, Adolfo Péez Esquivel, y a integrantes del Servicio Paz y Justicia de Argentina. Fue muy significativa la participación de comunidades afectadas por las actividades del extractivismo transnacional.
 
          De allí que la Resolución del CS de la UNRC Nº 150 del 2012 no sólo en su Artículo 6 rechazó el uso de los fondos provenientes de YMAD, sino que en su Artículo 1 dio apoyo a las comunidades del país que consideren ser afectadas en sus derechos colectivos e individuales por la actividad extractivista, reafirmando así nuestra Universidad los principios y conceptos de la justicia ambiental y social. Además, solicitó en su Artículo 3 al Estado Nacional la nacionalización de los recursos naturales renovables y no renovables, la revisión de la normativa que regula la actividad minera en Argentina, derogando las leyes de las dictaduras y de la década neoliberal de los ’90 que promovieron y promueven la actividad de las transnacionales en desmedro del bien público y del debilitamiento del propio Estado Nacional. Y, en particular, la reforma de la Ley 14.771 a los efectos de devolverle el sentido originario que establece la sanción de la misma en el año 1958 y en coincidencia con la Ley N 21204 (Artículos 3 y 5) -ley, la 14.771, que sufriera severas modificaciones tanto durante la dictadura de Onganía como de la última dictadura cívico-militar, favoreciendo el proceso de extranjerización de nuestros bienes comunes con la consecuente pérdida de soberanía comunitaria y nacional. 
 
Como sostuvo Pérez Esquivel en relación a los fondos de YMAD:
 
“Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la universidad goce de una total independencia para desarrollar sus investigaciones. El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que desarrolla Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad.”
 
          Teniendo en cuenta que en el Artículo 5 la Res. 150/2012 el CS había encomendado al Rectorado que, en conjunto con los Decanatos de las cinco Facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, dieran continuidad institucional al tratamiento de la problemática del extractivismo, a través del fortalecimiento de trabajos de investigación y extensión ya existentes a generación de nuevos, desde una perspectiva de diálogo con las comunidades afectadas, de tal modo de ampliar y profundizar las acciones institucionales. Sería de mucha importancia para esta etapa hacer un balance de la continuidad de dichas acciones en los últimos 10 años y reabrir el debate con un carácter amplio y público antes de tomar la decisión de incorporar los fondos. 
 
          Se considera por todo lo expuesto que es pertinente e imprescindible abordar la temática en concordancia con la complejidad del tema, teniendo en cuenta el histórico y vasto recorrido institucional de nuestra Universidad en lo que respecta a las jornadas, encuentros, debates, aportes y consideraciones para no incorporar los fondos de YMAD.
 
          Esta problemática cobra hoy una enorme relevancia dada la “concesión” que el Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) realiza a las corporaciones, especialmente sobre los bienes comunes. 
 
         Que las resoluciones que genera una universidad pública atesoran fuertes connotaciones simbólicas y pedagógicas a favor de una construcción de un modelo de desarrollo autónomo y soberano, independiente de intereses sectoriales nacionales o transnacionales, que incluya de manera igualitaria a todos sus habitantes.
 
          Por todos estos motivos la AGD UNRC, respaldada por votación unánime de su Asamblea, solicita al Consejo Superior revea la decisión aprobada en su última sesión abriendo el debate a la comunidad.
 
 

Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto